Relator llama a Chile a eliminar la pobreza persistente en el país
El relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza advirtió hoy que este mal aún no está en la mira de muchos de los encargados de formular políticas en Chile, pese a la impresionante gama de programas que el país adoptado para luchar contra el flagelo.
Al concluir una visita oficial, Philip Alston afirmó que Chile es un modelo para la región de América Latina en cuanto a su compromiso con los derechos humanos, su elevada tasa de crecimiento económico y sus innovaciones sostenidas en materia de política social.
Sin embargo, recalcó que continúa tolerando niveles de pobreza y desigualdad demasiado elevados para un país miembro de la de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El experto añadió que las persistentes desigualdades resultan en una sociedad altamente segregada, en la que áreas residenciales separadas, establecimientos educacionales separados y mercados de trabajo separados sirven para arraigar el privilegio y asfixiar la movilidad.
Alston comentó que el historial de Chile en los derechos de los pueblos indígenas representa el ‘Talón de Aquiles’ en derechos humanos en el siglo XXI y que la respuesta del Estado a los problemas ampliamente reconocidos de exclusión, marginalización y discriminación de esas personas ha sido poco sistemática y tibia.
El experto consideró que los esfuerzos por eliminar la extrema pobreza en Chile no podrán tener éxito sin un enfoque concentrado en la situación de los pueblos indígenas.
Alston llamó a la adopción de un plan específico e integral contra la pobreza y la pobreza extrema, así como a la creación de mecanismos de coordinación más eficaces. Pero observó que es poco probable que esto se logre solamente con los esfuerzos del Ministerio de Desarrollo Social.
Durante su visita de nueve días al país sudamericano, el relator se reunió con la presidenta Michele Bachelet; el nuevo presidente del Senado, Patricio Walker; y diversos funcionarios de gobierno, adí como con dirigentes de la sociedad civil, académicos, representantes de organismos internacionales y personas que viven en situación de pobreza.
Sus conclusiones y recomendaciones finales serán presentadas en un informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2016.