El ministro argentino de Economía aseguró en la ONU que su país quiere pagar la deuda

Argentina respeta sus compromisos internacionales y está dispuesta a pagar su deuda, pero el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos pone en peligro no sólo el cumplimiento de dichas obligaciones, sino la economía del país. Así lo afirmó este miércoles ante el Grupo de los 77 más China el ministro de Economía, Axel Kicillof, quien explicó la situación de su país ante el fallo judicial del pasado 16 de junio, según el cual Argentina debería pagar casi 1.500 millones de dólares a los fondos buitres para el 30 de este mes.

Ese dictamen paraliza el proceso de reestructuración y coloca a Argentina en una situación de incumplimiento técnico, explicó Kicillof.

“La Argentina quiere seguir pagando su deuda reestructurada, la Argentina quiere seguir pagando, pero no la dejan. Es un caso inédito, insólito. ¿Por qué? Porque nos han impuesto determinadas condiciones que tienen consecuencias que ponen en riesgo, no ya la reestructuración, no ya la situación financiera externa del país, sino la economía en su conjunto…”, manifestó el ministro argentino

“Quiere decir que el accionar de los fondos buitre no es que pone en riesgo la reestructuración, pone en riesgo al país, pone en riesgo a nuestro pueblo, pone en riesgo los derechos para proteger a los argentinos del accionar del sistema financiero internacional”, puntualizó Kicillof.

Señaló además que Argentina está pidiendo que se le permita negociar en condiciones razonables la reestructuración de esa deuda y advirtió que de cumplirse el fallo, otros países podrían sufrir una situación similar puesto que se crearía un precedente.

Subrayó además, que si el fallo se implementa, todos los acreedores que habían aceptado la reestructuración podrían reclamar las mismas condiciones, lo que llevaría a Argentina a la quiebra.

El ministro repasó la historia del endeudamiento externo de su país, que se acrecentó de manera alarmante a partir de 1976, con la dictadura militar, y terminó en 2001 con la peor crisis social.

Recordó que desde 2003, Argentina inició un programa de reestructuración aceptado por más del 90% de los acreedores. Sin embargo, los “fondos buitres” compraron bonos no reestructurados de una minoría y demandaron al país para que pagara el valor nominal más una serie de intereses y penalidades acumuladas que a la fecha suman 1.500 millones de dólares.

“Un uno por ciento pone en riesgo lo que voluntariamente aceptó prácticamente la unanimidad de los demás bonistas”, recalcó el titular argentino de Economía.

En ese mismo acto convocado por Bolivia, que preside el G77 más China, hicieron uso de la palabra representantes de diversos Estados y entre ellos el embajador de Brasil, Antonio de Aguiar Patriota, quien expresó el apoyo de su país a Argentina en la búsqueda de una solución satisfactoria para reestructurar su deuda.

El diplomático brasileño señaló que el caso argentino no atañe exclusivamente a los países en desarrollo, sino a la comunidad internacionalidad en su conjunto.

Patriota afirmó que el comportamiento moralmente cuestionable y la irracionalidad exhibida por la decisión del tribunal estadounidense, en beneficio de especuladores irresponsables, conmina a la comunidad internacional a meditar.

Si ese comportamiento de los “fondos buitre” puede ser considerado perfectamente legal, añadió el diplomático brasileño, habría que pensar entonces sobre el imperio de la ley al servicio de intereses poderosos y egoístas.

“Otro aspecto interesante de esta cuestión es el de los intereses privados. Ese sector, que queremos hacer nuestros socio en nuestros esfuerzos por alcanzar el desarrollo sostenible, puede manifestarse totalmente ajeno a las aspiraciones de sociedades completas y totalmente insensible al impacto económico y social de sus acciones y comportamiento”, manifestó Patriota.

Añadió que hay distintas tendencias en el sector privado y que no todos se muestran dispuestos a trabajar con gobiernos de manera responsable y en interés del desarrollo económico.

El representante brasileño instó a la comunidad internacional a trabajar de manera más efectiva y coordinada para alcanzar una nueva asociación global, que establezca nuevos mecanismos de gobernanza internacional donde los gobiernos, compañías e individuos rindan cuentas por el efecto de sus actos sobre el logro del desarrollo sostenible.