Pillay lamenta la falta de rápida respuesta internacional a violaciones de derechos humanos

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay  Foto archivo: ONU/Marc Ferré
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay Foto archivo: ONU/Marc Ferré

Pillay lamenta la falta de rápida respuesta internacional a violaciones de derechos humanos

La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, lamentó hoy que la comunidad internacional siga siendo incapaz de reaccionar de forma consistente, con firmeza y rapidez a las crisis, incluidas las graves violaciones de las garantías básicas, que tienen el riesgo de extenderse a nivel regional. Pillay pronunció su último discurso en el Consejo de Derechos Humanos, antes de concluir su mandato el próximo 31 de agosto.

Durante la apertura en Ginebra de la sesión 26 de ese órgano de las Naciones Unidas, la Alta Comisionada hizo énfasis sobre la crisis en Siria. Manifestó que la incesante violencia en ese país es una tragedia para el pueblo y un trágico fracaso para la causa de los derechos humanos.

“Es sorprendente, más allá de lo que las palabras pueden expresar, los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, que se han convertido en algo común y ocurren con total impunidad. Estoy decepcionada de que el Consejo de Seguridad, con 13 votos a favor y 2 en contra, haya sido incapaz de llegar a un acuerdo sobre las medidas para garantizar la rendición de cuentas por esos crímenes”, subrayó.

Pillay se refería así a la negativa de Rusia y China a adoptar una resolución que hubiera permitido a la Corte Penal Internacional investigar las denuncias de crímenes en Siria.

La Alta Comisionada deploró que las autoridades de Damasco y algunos grupos de oposición hayan ignorado los repetidos llamados para acabar con la violencia, y buscar una solución justa y pacífica al conflicto.

Del mismo modo, condenó que grupos de poder externos hayan continuado alimentando la violencia al proveer armas, asistencia militar y combatientes.

La Alta Comisionada expresó, además, profunda preocupación, por las muertes y lesiones causadas por el uso excesivo de la fuerza por parte de Israel contra los palestinos. Reiteró así su llamamiento a las autoridades israelíes a que respeten las normas internacionales en materia del debido proceso, y a liberar o procesar formalmente a los palestinos en detención administrativa.

Del mismo modo, expresó preocupación por las continuas demoliciones y desalojos de palestinos en la periferia de Jerusalén oriental.

También se refirió a otras crisis, incluidas las que se viven en Sudán del Sur y la República Centroafricana, y se mostró consternada por los ataques étnicos y las tensiones entre comunidades en ambas naciones.

En el caso de Venezuela, Navi Pillay indicó que mantuvo conversaciones con el gobierno de ese país sobre las muertes de 42 personas desde las protestas en febrero y enfatizó la importancia del diálogo.

Señaló en otro momento de su discurso que el Consejo de Seguridad, en meses recientes, ha incrementado su atención a los derechos humanos y prueba de ello es que, en abril, ese órgano le pidió que informara de la situación de las garantías básicas en la República Centroafricana, Siria, Mali, Libia y Sudán del Sur.

Respecto de la pena de muerte, manifestó que durante sus seis años de mandato ha habido un avance regular en la lucha contra ese castigo. Recordó no obstante que en Estados Unidos, por ejemplo, ocurrieron en lo que va de año dos ejecuciones que pusieron de evidencia los procedimientos “horribles” empleados en la pena capital, y abogó por acabar con esa práctica y abolirla.

“También deploro el hecho de que, desde enero, Irán ha ejecutado a más de dos centenares de individuos, la mayoría por delitos de drogas que no cumple los estándares de “crímenes más graves” según el derecho internacional humanitario”, señaló Pillay.

La Alta Comisionada recalcó que las violaciones de derechos humanos “están entre las causas de raíz de cada tipo de inestabilidad y de conflicto”, por lo que los Estados deben tener interés en detectar brechas en su protección de esas garantías.