La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos aplaudió la condena dictada esta semana a 23 oficiales de la policía militar por su responsabilidad en la represión del 2 de octubre de 1992 de un motín en la cárcel de Carandiru, que dejó muertos a 111 prisioneros.
Un tribunal estatal de Sao Paulo dictaminó este fin de semana sentencias largas a los 23 acusados, tras examinar las evidencias que revelaban que muchos presos fueron ejecutados con disparos a una distancia muy corta.
La portavoz en Ginebra de la Alta Comisionada, Cecile Poully, recordó que antes de este proceso sólo se había enjuiciado al comandante de la operación, quien fue sentenciado en 2001 y exonerado en 2006.
“Encomiamos a las autoridades brasileñas por hacer justicia a algunas de las víctimas de Carandiru luego de dos décadas de impunidad tras uno de los incidentes de violencia más brutales registrados en una prisión”, dijo Poully.
En este contexto, también llamó a Brasil a mejorar la situación precaria de las cárceles del país, que alojan a casi medio millón de personas.
En los próximos meses serán enjuiciados otros 53 policías militares que participaron en la represión en Carandiru.