Relatora especial urge a dar acceso a la justicia a los más pobres

El acceso a la justicia es un derecho humano y es esencial que todos los individuos lo ejerzan para atacar las causas de la pobreza. Sin ese acceso, los pobres no pueden reclamar sus garantías ni ser compensados por abusos o violaciones sufridas, quedando atrapados en un círculo vicioso de impunidad, privación y exclusión.

Así lo sostuvo hoy la relatora especial sobre la pobreza extrema, Magdalena Sepúlveda en su informe a la Asamblea General de la ONU.

Entre los obstáculos que afrontan los pobres al buscar reparación legal en los sistemas judiciales formales, la experta destacó los recursos financieros, el desconocimiento de sus derechos, el miedo a represalias o estigmatización y la incapacidad del sistema judicial, que a menudo subestima los casos o impone cuotas inasequibles.

A estas trabas se suman los prejuicios sociales y los estereotipos contra los pobres, apuntó Sepúlveda.

La relatora aseveró que es imperativo que se proporcione asistencia legal competente y gratuita a quienes no pueden obtenerla por sus propios medios para garantizar que todos los individuos tengan un acceso igualitario a los mecanismos de justicia.

Los Estados deben asegurar esta ayuda legal tanto en los casos civiles como en los penales donde los derechos de las personas que viven en condiciones de pobreza extrema estén en riesgo, puntualizó Sepúlveda.