Piden tener en cuenta los derechos humanos en sanciones contra Al-Qaeda

Asimismo, Ben Emmerson solicitó redefinir el papel de la Oficina del Ombudsman, que investiga las solicitudes de eliminación de nombres de individuos y entidades que figuran en la lista de sancionados.
Agregó que esa Oficina, que recibe las solicitudes de remoción de nombres de esa lista, debe tener más poder de decisión sobre este tipo de casos.
Las consecuencias de estar en esa lista del Consejo de Seguridad son enormes, explicó; porque una vez que una persona o entidad ingresan en ella, reciben limitaciones al derecho de libre movimiento, de propiedad y de privacidad en todas sus formas.
Emmerson sostuvo que “el Consejo de Seguridad –como órgano político- no tiene los mecanismos necesarios para proteger el debido proceso de los individuos de acuerdo con lo establecido por el derecho internacional; sin embargo, ejerce funciones cuasi-legislativas y cuasi-judiciales en la aplicación de su régimen de sanciones”.
El régimen de sanciones fue establecido por el Consejo de Seguridad en 1999 para evitar una inminente amenaza a la paz y seguridad internacionales.