Guatemala: ONU insta a reformar sistema de justicia
La Oficina de la ONU en Guatemala reiteró su preocupación por la persistencia de la violencia y la impunidad en ese país e instó al gobierno a reformar el sistema de justicia para combatir estos flagelos.
La ONU reconoció los avances en la lucha contra el crimen por parte de las autoridades; sin embargo, consideró que hace falta que estos progresos se reflejen en los responsables de administrar justicia para poder superar la impunidad.
“Los principios de independencia judicial indican que los jueces deben ser protegidos de interferencias indebidas, y a la vez les exigen ser personas íntegras y no decidir casos de forma arbitraria”, subrayó Naciones Unidas en un comunicado.
Agregó que el objetivo del principio de independencia de los jueces es garantizar la aplicación de justicia con plena imparcialidad y transparencia, lo que implica la rendición de cuentas a la que está obligado todo funcionario público.
La ONU señaló que no ajustarse a estos criterios afecta negativamente el estado de derecho, la legitimidad y la confianza en el sistema de justicia, así mismo empaña la imagen de una gran cantidad de juezas y jueces que desempeñan de manera íntegra su función.
Apuntó que en Guatemala es evidente la necesidad de depurar las instituciones del sistema de justicia a partir de procesos disciplinarios y penales que permitan que toda acusación se tramite con prontitud e imparcialidad, y con arreglo a procedimientos idóneos que respeten las garantías.
La Oficina de las Naciones Unidas indicó que es urgente retomar los procesos de discusión llevados a cabo por la Corte Suprema de Justicia sobre reformas a la Ley de la Carrera Judicial, cuyo resultado debería ser acorde con los estándares internacionales.
Finalmente, hizo un llamado a redoblar los esfuerzos de las instituciones y de funcionarias y funcionarios en la lucha contra la impunidad, y exhorta a toda la sociedad guatemalteca a fortalecer los mecanismos de auditoría social y rendición de cuentas, denunciando ante las autoridades competentes a quienes no cumplan con sus funciones de manera objetiva.