América Latina carece de capacidad para responder al crimen, según oficina de la ONU
Los Estados de América Latina no han desarrollado las capacidades para responder eficazmente, mediante acciones de prevención y represión legítimas, al crimen y la violencia.
Así lo indica el Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos presentado hoy en Argentina por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para esas garantías.
El representante regional para América del Sur la Oficina de la ONU, Amerigo Incalcaterra, recordó que, según la OEA, América Latina es la región más violenta del mundo en términos de homicidios. Tiene apenas el 8% de la población mundial pero cada año se comenten 40% de los homicidios y el 66% de los secuestros a nivel mundial.
Incalcaterra sostuvo que un gobierno democrático debe tener la finalidad de servir a las personas y no a sus propios intereses, “debe tener muy claro que la mejor manera de hacer efectivos esos compromisos es respetando, protegiendo y promoviendo los derechos humanos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación”.
Asimismo, señaló que los derechos humanos no pueden ser entendidos como obstáculos a la acción gubernamental en labores de seguridad ciudadana sino, por el contrario, “deben ser entendidos como referentes que guían la acción de las autoridades y de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y como verdaderos indicadores para medir el desempeño del Estado”.
Con respecto al uso de militares en tareas de seguridad ciudadana, Incalcaterra reconoció el dilema al que se enfrentan las autoridades en el cumplimiento de su responsabilidad por proteger, en situaciones donde se desafía a la autoridad del Estado de parte de organizaciones fuertemente armadas.
Sin embargo, agregó, “utilizar a los militares continúa siendo problemático, pues es inapropiado en el desarrollo de funciones civiles para hacer cumplir la ley -en cuanto a la capacitación, la filosofía, el equipamiento y las perspectivas”.
Por ello, “la atención debe centrarse en dedicar urgentemente los recursos necesarios para fortalecer las instituciones civiles para que trabajen con integridad y profesionalismo”, aseveró Incalcaterra.