Sudán: Ban llama a gobierno a reconsiderar expulsión de organizaciones humanitarias
El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, urgió hoy al gobierno de Sudán a reconsiderar la decisión de expulsar de su territorio a 13 organizaciones no gubernamentales que realizaban trabajo humanitario en Darfur.
En un comunicado, Ban señaló que, de implementarse, esta medida causará un daño irrevocable a las operaciones de asistencia a la población de esa región.
Agregó que estas operaciones son fundamentales para los 4,7 millones de personas que dependen de la ayuda humanitaria en Darfur y afirmó que las ONG expulsadas realizan sus tareas de manera imparcial.
Por otra parte, el titular de la ONU expresó preocupación por la seguridad de los trabajadores humanitarios nacionales e internacionales que se encuentran en Sudán, así como por sus propiedades.
“La confiscación de equipo, dinero y otros materiales es inaceptable y debe terminar de inmediato”, puntualizó Ban.
El gobierno sudanés anunció ayer la expulsión de diez ONG luego de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera la orden de arresto al presidente del país, Omar Al-Bashir, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Hoy se sumaron a la lista tres nombres más, además de que se requisaron los bienes de algunos organismos y se requirió la entrega de los pasaportes de sus integrantes.
Entre las organizaciones expulsadas destacan Oxfam, Save the Children y Médicos sin Fronteras.
Catherine Bragg, coordinadora adjunta de la ONU para Ayuda de Emergencia, explicó que la labor de estas ONG representa la mitad de la capacidad de asistencia humanitaria en Darfur.
Agregó que la decisión de las autoridades sudanesas deja fuera al 45% de los trabajadores humanitarios.
Bragg detalló que la salida de estas organizaciones dejará a 1,1 millones de personas sin ayuda alimentaria, a una cantidad igual sin cuidados médicos y a más de un millón sin agua potable y advirtió que será prácticamente imposible cubrir la brecha que deja esta medida.
“Exhortamos al gobierno de Sudán a permitir que continúe sin interrupciones la asistencia vital para restaurar la confianza de la comunidad humanitaria en el país. Estas acciones son contrarias a la promesa que se nos hizo de proteger las operaciones humanitarias. Esperamos que el gobierno cumpla con sus obligaciones según las leyes humanitarias, que otorgan el derecho de apelar las decisiones en un plazo de 30 días”, dijo Bragg.