Sudán: Al-Bashir deberá responder ante justicia, afirma fiscal de CPI

4 Marzo 2009

El presidente de Sudán, Omar al-Bashir, deberá responder ante la justicia internacional por crímenes de guerra y contra la humanidad, afirmó hoy Luis Moreno Ocampo, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), instancia que ordenó su arresto por estas atrocidades, aunque desestimó el cargo de genocidio por falta de pruebas.

La portavoz de la Corte, Laurence Blairon, leyó la decisión: “Al-Bashir es sospechoso de ser criminalmente responsable, como coperpetrador indirecto o coperpetrador, de dirigir ataques directos intencionales contra una parte importante de la población civil de Darfur, asesinando, exterminando, violando, torturando, y transfiriendo por la fuerza grandes números de civiles y saqueando su propiedad”, dijo.

Los jueces indicaron que los delitos fueron cometidos durante la campaña del gobierno contra grupos armados opositores en Darfur, y se desarrollaron durante cinco años, hasta por lo menos julio del año pasado, cuando el fiscal de la Corte pidió la orden de arresto.

El fiscal, Moreno Ocampo, sostuvo que el arresto de Al-Bashir es necesario para asegurar que comparezca ante la Corte y evitar que destruya evidencia y cometa nuevos delitos.

“Los derechos de Omar al-Bashir van a ser respetados. El gobierno de Sudán tiene la obligación, bajo el derecho internacional, de ejecutar la orden de arresto en su territorio. La Corte no está pidiendo a otro que lo haga”, recalcó.

Agregó que si eso no sucede, el Consejo de Seguridad de la ONU va a tener que encargarse de que esa orden se cumpla.

Señaló que ante la Corte, ningún jefe de Estado tiene inmunidad.

“En cuanto Omar al-Bashir viaje por el espacio aéreo internacional puede ser arrestado. Su destino es responder ante la justicia. Puede ser en dos meses o en dos años, pero va a responder ante la justicia”, aseguró Moreno Ocampo.

Ha llegado el momento de detener los bombardeos de civiles y las violaciones, y de proteger a las víctimas, puntualizó el fiscal.

Por su parte, la secretaria de registro de ese tribunal, Silvana Arbia, explicó que los magistrados le solicitaron que pidiera cooperación para el arresto del mandatario sudanés a los países parte del Estatuto de Roma y a otros que considere pertinente.

“Sólo los Estados tienen el poder y la jurisdicción de arrestar a los sospechosos y entregarlos a la Corte Penal Internacional”. La Corte confía en la cooperación de los Estados para poner fin a la impunidad de los perpetradores de graves crímenes que amenazan la paz, la seguridad y el bienestar del mundo”, declaró Arbia.

La secretaria rechazó cualquier elemento político en la decisión.

“Los jueces examinaron los documentos sometidos por el Fiscal, la información, las pruebas, y evaluaron si era suficiente para emitir esta orden. Otras consideraciones son ajenas a los magistrados”, aseguró Arbia.

Por su parte, el embajador de Sudán ante la ONU, Abdelmahmood Abdelhahleem, rechazó enérgicamente la orden de arresto de su presidente.

“Para nosotros, la Corte Penal Internacional no existe, y no estamos obligados a cumplir sus decisiones. Al igual que tres países del Consejo de Seguridad no somos miembros de la Corte”, subrayó el diplomático sudanés.

El conflicto en Darfur –con enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno sudanés, las milicias progubernamentales Janjaweed y los movimientos rebeldes, que se alzaron en busca de la redistribución de los recursos naturales– ha causado la muerte de al menos 200.000 personas y el desplazamiento de más 2,5 millones del 2003 a la fecha.

 

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