UNESCO lamenta impacto de la violencia en la educación

Los actos de violencia de carácter político y militar contra los sistemas educativos están privando a un número cada vez mayor de niños de su derecho a la educación, según el informe de la UNESCO titulado “La educación, víctima de la violencia armada”, presentado hoy en la sede de la Organización, en París.

Este informe, publicado con motivo de la Semana Mundial de Acción en pro de la Educación para todos, está dedicado a la memoria de Safia Ama Jan, que dedicó su vida a la escolarización de las jóvenes afganas y que fue asesinada frente a su casa, en Kandahar, en septiembre de 2006.

“Las autoridades nacionales y la comunidad internacional deben permanecer unidas contra las fuerzas que intentan aniquilar los esfuerzos realizados por personas como Safia Ama Jan”, declaró el Director General de la UNESCO, Koichiro Matsuura.

“La educación es uno de los pilares del desarrollo, la prosperidad y la paz. Es un derecho humano. Debemos hacer cuanto esté a nuestro alcance por defender a los que trabajan en este sector de importancia tan esencial y garantizar su seguridad”.

El informe apunta que estos ataques violentos como “un recurso deliberado a la fuerza que perturban la prestación de servicios de educación y tienen un efecto disuasorio en el acceso a los mismos”.

La publicación difundida hoy examina casos de asesinatos, secuestros, detenciones ilegales y torturas de estudiantes, docentes, sindicalistas, administradores y funcionarios gubernamentales de la educación. También se señalan los atentados con bomba perpetrados contra edificios de enseñanza, los incendios de éstos y el cierre de instituciones educativas por la fuerza.

Acorde con la UNESCO, el 40 por ciento de los 77 millones de niños del mundo sin escolarizar viven en países afectados por conflictos o en situación de posconflicto, donde los sistemas educativos son especialmente vulnerables a los actos de violencia.

En el informe se señala que el sistema educativo más castigado por esos actos es el de Iraq, un país donde actualmente sólo acude a las aulas el 30 por ciento de los 3.500.000 alumnos matriculados, mientras que el año pasado ese porcentaje ascendía a 75%. Las universidades de Bagdad están registrando una disminución de la asistencia de estudiantes que se cifra entre 40% y 67%. Más de 3.000 universitarios han abandonado el país.

En el informe, realizado por Brendan O’Malley, periodista residente en el Reino Unido y especialista en educación, se insta a la comunidad internacional a afrontar el problema planteado por esos actos de violencia, así como a poner término a los mismos y extender la aplicación de los instrumentos jurídicos relativos a los derechos humanos al ámbito de las violencias ejercidas contra los sistemas educativos.

También se recomienda la creación de una base de datos mundial accesible al público en general para facilitar la realización no sólo de análisis cuantitativos sobre el número de esos atentados, de su índole y de los objetivos a los que apuntan, sino también de trabajos de investigación sobre sus motivos.

Por último, el informe pide que se asignen más recursos al Tribunal Penal Internacional, a fin de que éste pueda juzgar más casos relacionados con delitos perpetrados contra la educación.