Relatores especiales instan a comunidad internacional a apoyar cierre de Guantánamo
“Aunque el gobierno de Estados Unidos tenga responsabilidad legal por los detenidos en Guantánamo, urgimos a la comunidad internacional –incluidos los Estados Miembros de la ONU, el Secretariado y los organismos especializados de la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja – a colaborar activa, constructiva y urgentemente con las autoridades estadounidenses para garantizar que la clausura de Guantánamo pueda llevarse a cabo lo más pronto posible”, apuntaron hoy cinco relatores especiales de derechos humanos.
En un comunicado conjunto, los expertos exhortaron a Estados Unidos a elaborar, junto con la comunidad internacional, un plan de acción detallado que incluya plazos y se ajuste a las leyes internacionales.
Explicaron que, según estas leyes, Estados Unidos debería presentar cargos contra los detenidos y transferirlos a su territorio para un juicio imparcial y rápido.
De no ser sujetos a juicio, los detenidos deberían volver a sus países de residencia siempre y cuando no corran peligro de tortura o cualquier otra violación de sus derechos humanos. Si este fuera el caso, “instamos a otros Estados a ayudar permitiendo que los detenidos se establezcan en sus territorios”, subrayaron los relatores.
Agregaron que durante todo el proceso, los detenidos y ex detenidos deberán recibir cuidados adecuados de salud física y mental.
“Los recientes informes trágicos sobre el suicidio simultáneo de tres detenidos en la base militar de Guantánamo el 10 de junio de 2006 confirman la urgencia de cerrar el centro de detención y la importancia de dar a los detenidos asistencia a largo plazo”, recalcaron.
Por otra parte, los expertos se mostraron alentados por las señales recientes de las altas cúpulas del gobierno de Estados Unidos que indican su deseo de clausurar el centro de detención.
Los relatores firmantes de la declaración son Leila Zerrougui, presidenta del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias; Leandro Despouy, sobre la independencia de jueces y abogados; Manfred Nowak, sobre tortura; Asma Jahangir, sobre libertad de religión; y Paul Hunt, sobre el derecho a la salud.