FAO: Reforma a comercio agrícola ofrece beneficios pero puede marginar a los pobres

FAO: Reforma a comercio agrícola ofrece beneficios pero puede marginar a los pobres

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A pocos días de la reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en Hong Kong, que representa un último esfuerzo para alcanzar un acuerdo sobre la liberalización del comercio agrícola, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) advirtió que los beneficios de una reforma en este sector podrían marginar a los más pobres, a menos de que se desarrollen con urgencia políticas complementarias e inversiones adecuadas.

En su informe anual sobre el estado mundial de la agricultura y la alimentación, edición 2005, publicado hoy, la FAO analiza el comercio agrícola y la pobreza intentando responder a una pregunta: ¿Puede el comercio favorecer a los pobres?

Sí, dice el estudio, pero la liberalización del comercio, por sí sola, no es suficiente. Hay que completarla con políticas e inversiones que permitan a los más pobres sacar beneficio de las nuevas oportunidades y protejan a las franjas vulnerables de los altibajos en las relaciones comerciales.

El informe de la FAO explica que la liberalización favorecerá sobre todo a los países industrializados, porque sus sectores agrícolas son los más distorsionados por las políticas actuales. “Los consumidores de los mercados protegidos y los productores de los países con bajo nivel de ayuda interna tienden a ser los más beneficiados”, señaló.

Los países en desarrollo, en conjunto, también se beneficiarían de la liberalización, pero el texto advierte que algunos grupos podrían resultar perjudicados a breve plazo. Entre ellos los países importadores netos de alimentos y los países con acceso preferencial a los mercados protegidos de las naciones más ricas, miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Las subvenciones de la OCDE contribuyen a que los países importadores netos de alimentos mantengan bajo el costo total de sus importaciones, pero Hartwig de Haen, subdirector general del Departamento Económico y Social de la FAO, afirmó que “las subvenciones de la OCDE al sector agrícola dan a esas naciones una señal equivocada, porque les llevan a dejar de lado su propia agricultura”.

Para los países en desarrollo, los beneficios más sustanciosos de la liberalización agrícola no dependerán de la reforma del sistema de apoyo a la agricultura en los países de la OCDE, sino de la reforma de sus propias políticas comerciales, lo que debería impulsar el comercio entre ellos. Se estima que entre el 70% y el 85% de los beneficios potenciales para esas naciones derivaría de la reforma de sus políticas agrícolas.

La FAO sostiene que los beneficios de la liberalización del comercio van mucho más allá de las repercusiones inmediatas en los productores y consumidores, ya que las reformas contribuirán significativamente al crecimiento económico y al aumento de los salarios de los trabajadores no especializados en los países en desarrollo. El comercio puede ser un catalizador para el cambio cuando fomenta las condiciones para que los más pobres aumenten sus ingresos y su vida sea más larga, sana y productiva.

El informe de la FAO contiene diversas recomendaciones para garantizar que la liberalización redunde también en beneficio de los más pobres.

Solicita la creación de instituciones básicas de mercado y de infraestructuras antes de la apertura de los mercados agrícolas nacionales a la competición internacional, sobre todo en el caso de competidores que disfruten de subvenciones. También recomienda políticas sólidas y duraderas “para conseguir resultados que favorezcan el crecimiento y redunden en favor de los más pobres” y advierte que las reformas que carecen de continuidad son particularmente nocivas.

Para garantizar que el comercio beneficie también a los más pobres, la FAO insiste en la urgencia de un enfoque de doble componente. Por una parte hay que invertir en la educación, la creación de instituciones e infraestructura y por otra facilitar redes de seguridad para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad durante la fase de transición al comercio más libre.