Consejo de Seguridad adopta resolución para remitir a CPI casos de abuso en Darfur
El Consejo de Seguridad adoptó anoche una resolución en la que dispuso enviar a juicio en la Corte Penal Internacional (CPI) los casos de violación de las leyes de derechos humanos internacionales cometidos en la región sudanesa de Darfur.
El texto, válido para los acontecimientos en Darfur a partir del primero de julio de 2002, obtuvo a favor once de los quince votos del Consejo de Seguridad. Argelia, Brasil, Estados Unidos y China se abstuvieron.
En febrero pasado, una comisión de investigación de las Naciones Unidas concluyó que el gobierno sudanés es responsable de crímenes tipificados en las leyes internacionales y recomendó referir el caso a la CPI.
Las pesquisas también encontraron evidencias de que las fuerzas rebeldes son responsables de posibles crímenes de guerra entre los que se cuenta el asesinato de civiles.
Ante estos hallazgos, el texto adoptado por el Consejo dispone que “el Gobierno de Sudán y todas las demás partes en el conflicto de Darfur deben cooperar plenamente con la Corte y el Fiscal y prestarles toda la asistencia necesaria en la aplicación de la resolución y, aunque reconoce que los Estados que no son parte del Estatuto de Roma no tienen obligación alguna con arreglo a dicho Estatuto, exhorta a todos los Estados y organizaciones regionales y demás organizaciones internacionales competentes a que también cooperen plenamente”.
Asimismo, la resolución decidió que “los nacionales, ex funcionarios, funcionarios o personal de un Estado contribuyente que no sea Sudán y no sea parte en el Estatuto de Roma de la CPI se someterán a la jurisdicción exclusiva de ese Estado contribuyente respecto de todos los supuestos actos u omisiones derivados de las operaciones en Sudán o relacionados con ellas, establecidas o autorizadas por el Consejo o la Unión Africana, a menos que ese Estado contribuyente haya renunciado expresamente a dicha jurisdicción exclusiva”.
El texto añade que el costo del proceso de remisión a la CPI será sufragado por los Estados parte del Estatuto de Roma, que estableció la Corte en La Haya, y por los países que deseen contribuir voluntariamente.
La resolución también invita al fiscal de la CPI y la Unión Africana a examinar los arreglos prácticos para facilitar el trabajo del fiscal y la Corte, incluida la posibilidad de actuar en la región para contribuir así a las iniciativas regionales de lucha contra la impunidad.
Por último, tras destacar la necesidad de promover la recuperación y la reconciliación, alienta a la creación de instituciones con amplia participación ciudadana –como las comisiones de verdad- para complementar los procesos judiciales y fortalecer las medidas encaminadas a restablecer una paz duradera con el apoyo de la Unión Africana y de la comunidad internacional, en caso necesario.
Los enfrentamientos armados escalaron en Darfur a principios de 2003, cuando los grupos rebeldes se levantaron en armas para protestar por la distribución de los recursos de la zona.
Según la ONU, unas 180.000 personas han muerto desde entonces como resultado del conflicto, además de que 1,8 millones han sido desplazadas y 200.000 han huido para refugiarse en Chad.