MINUGUA advierte dificultades para desactivar el Estado Mayor Presidencial en Guatemala
La desactivación del Estado Mayor Presidencial en Guatemala no ha cumplido en su totalidad lo estipulado por los Acuerdos de Paz, destacó hoy un informe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA).
El Estado Mayor Presidencial era una unidad militar al servicio de la presidencia que asumió un rol protagónico en las operaciones contrainsurgentes y estuvo vinculada a graves violaciones de los derechos humanos.
MINUGUA señaló que si bien las funciones logísticas de ese cuerpo fueron transferidas a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS), las funciones de seguridad no pasaron a las manos de esta entidad.
Actualmente, los ex miembros del Estado Mayor están a cargo de la protección del presidente, Alfonso Portillo, y de la primera dama a petición del mandatario, quien explicó que prefería terminar su mandato con el personal que le ha acompañado siempre.
Portillo entregará el poder el próximo 14 de enero a su sucesor Oscar Berger.
MINUGUA detectó otras irregularidades, como el pago de bonificaciones desproporcionadas a los ex miembros del disuelto Estado Mayor, a pesar de que han sido reabsorbidos por otras instituciones estatales.
Además, no han entregado a las SAAS ni sus archivos ni sus equipos de comunicación sofisticados, sino otros más antiguos.
El director de MINUGUA, Tom Koenigs, subrayó que la figura del Estado Mayor Presidencial es para Guatemala el símbolo de una época oscura y que, para dejarlo en el pasado “no es suficiente que la puerta esté casi cerrada. Debe cerrarse por completo”.
El nuevo gobierno, añadió Koenigs, deberá afrontar muchos desafíos y uno de ellos será completar esa tarea.