BM: Urgen reformas institucionales para acabar con la desigualdad en América Latina y el Caribe

BM: Urgen reformas institucionales para acabar con la desigualdad en América Latina y el Caribe

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Los países de América Latina y el Caribe necesitan implementar reformas profundas a sus instituciones políticas, económicas y sociales para poner fin a la desigualdad histórica que existe en la región, sostuvo el Banco Mundial en un estudio publicado hoy.

El documento subraya la urgencia de que la población más pobre –entre la que destacan los indígenas y los afrolatinos- tenga acceso a los bienes y servicios básicos, particularmente a la educación, y reciba mejores oportunidades e ingresos.

David de Ferranti, vicepresidente para América Latina y el Caribe del Banco Mundial y uno de los autores del informe, recordó que la región es muy desigual en ingresos y acceso a servicios, además de que persisten enormes disparidades en términos de participación, bienes y oportunidades. Esta situación, agregó, frena el ritmo de la reducción de la pobreza y mina el desarrollo.

Según el análisis, el grupo más rico de población de América Latina y el Caribe percibe el 48% del ingreso total, mientras que el más pobre sólo recibe el 1,6%. En las economías industrializadas, estas cifras ascienden a 29,1% y 2,5%, respectivamente.

El estudio muestra que aún en Uruguay, el país de la región con menor desigualdad, la inequidad es muy superior al país más desigual de Europa Oriental.

El Banco Mundial señaló que la inequidad del ingreso ha empeorado en Latinoamérica y el Caribe, aunque reportó tendencias mixtas. Por ejemplo, en países con relativa igualdad como Argentina y Venezuela, la desigualdad aumentó; en tanto que Brasil y México registraron una leve mejoría en la materia.

Para hacer frente al problema histórico de la desigualdad en la región, los economistas autores del informe recomiendan la creación de instituciones políticas y sociales más abiertas a la participación de todos los sectores de la población y el aumento del acceso de los pobres a los servicios públicos.

Asimismo, sugieren reformar los programas de transferencia de ingresos para mejorar las condiciones de vida de los grupos más marginados de la sociedad.