Aprueban prórroga de inmunidad a los cascos azules
El Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó la prórroga a la inmunidad acordada en 2002 a los participantes en operaciones de mantenimiento de la paz provenientes de los Estados que no son parte del Estatuto de Roma.
En una resolución se pide a la Corte Penal Internacional que no inicie investigaciones o enjuiciamientos contra ese personal durante un año. La nueva institución fue creada para juzgar crímenes contra la humanidad, genocidio y otros delitos graves.
La votación fue de 12 a favor y 3 abstenciones, las de Francia, Alemania y Siria, tras realizarse un debate abierto solicitado por los países que se oponían a la iniciativa propuesta por Estados Unidos.
Al abrir la sesión, el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, destacó que no consideraba que la resolución fuera necesaria, entre otras cosas porque sólo son admisibles los casos en que un Estado no quiera o no pueda investigar esos crímenes o enjuiciar a los perpetradores.
Annan manifestó la esperanza de que el tipo de resolución adoptada hoy no se convierta en una rutina anual.
“Si así ocurriese, me temo que el mundo lo interpretaría como que el Consejo desea pedir inmunidad absoluta y permanente para las personas que participan en operaciones que establece o autoriza”, dijo el Secretario General.
Y eso, continuó Annan, socavaría no sólo la autoridad de la Corte Penal Internacional, sino también la autoridad del Consejo y la legitimidad del mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.
Por su parte, el embajador uruguayo Felipe Paolillo, vicepresidente de la Asamblea de los Estados Partes del Estatuto de Roma, señaló que la resolución introduce una curiosa discriminación entre los autores de los crímenes más odiosos: los que podrán ser juzgados y condenados y aquellos que actuarán protegidos por la inmunidad.
Uruguay, que tiene 1.800 ciudadanos que participan en misiones establecidas o autorizadas por la ONU, entiende que todos los operadores de la paz deben estar sujetos a las mismas reglas.
Paolillo comentó que le preocupa que como consecuencia de la resolución se impida que la Corte cumpla sus funciones tal como lo prevé el estatuto.
“El estatuto proporciona garantías más que suficientes que aseguran que las decisiones de la Corte no serán arbitrarias o políticamente motivadas. Las cualidades morales e intelectuales de los jueces que integran la Corte y del Fiscal elegido constituyen garantías adicionales”, puntualizó el embajador uruguayo.