Los expertos en derechos humanos consideran que el anuncio de miembros del Gobierno de Estados Unidos de imponer sanciones económicas, retirar visas e incluso juzgar a los jueces y fiscales del tribunal de La Haya que investiguen presuntos crímenes de guerra cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán constituye una injerencia indebida en la independencia de la Corte.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos está preocupada por los ataques a los activistas en Colombia, las crecientes amenazas al poder judicial en Guatemala y la falta de continuidad del diálogo nacional en Honduras.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos cree que uno de los problemas es que las autoridades se niegan a reconocer las dimensiones de lo que califica como “vasta crisis humanitaria”. Además, teme que las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos “puedan contribuir a agravar la situación económica”. Por ello, afirma que es preciso que se alcance un acuerdo sobre una solución política para todos los interesados.

Aunque el número de alegaciones es más alto que los dos años anteriores, el informe del Secretario General muestra que hay más confianza entre las víctimas y testigos y se ha creado una mayor concienciación de la necesidad de sacar los casos a la luz.