Un relator especial asegura que Brasil ignora su obligación constitucional de proteger al pueblo contra la exposición a sustancias tóxicas y desechos peligrosos, ya que está eliminando ministerios e instituciones cruciales, restringiendo la financiación, acabando con programas claves y atacando a las personas que luchan valientemente para defender sus derechos a la vida, la salud y el equilibrio ambiental.