Unas 160.000 personas fueron arrestadas en dieciocho meses, entre ellas mujeres embarazadas, en medio de los repetidos decretos de emergencia emitidos tras el intento de golpe de estado el 15 de julio de 2016 y una serie de ataques terroristas. Esto ha facilitado la erosión del estado de derecho y puede tener repercusiones duraderas en el tejido institucional y socioeconómico del país, dice la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.