México es responsable de una desaparición forzada en el Estado de Veracruz en 2010 con participación de autoridades estatales supuestamente vinculadas a grupos de crimen organizado, dicen expertos en derechos humanos de la ONU.

El Comité de Derechos Humanos, un grupo de 18 expertos internacionales, dictaminó que el país debe llevar una investigación exhaustiva, rigurosa, imparcial, independiente y efectiva sobre las circunstancias del crimen.

Según la denuncia hecha por su familia, la víctima directa conducía su automóvil por la ciudad de Poza Rica en octubre de 2010 cuando dos patrullas de policía lo detuvieron y le obligaron a subir a una de ellas, a punta de pistola.

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Su compañera, que presenció los hechos, no pudo encontrarlo en ninguna comisaría; ella y familiares de la víctima directa presentaron denuncias e identificaron a tres policías entre los responsables de la desaparición, pero su participación en los hechos fue descartada por sus supervisores jerárquicos, los cuales fueron posteriormente arrestados por supuestos vínculos con el grupo del crimen organizado “Los Zetas”.

“Es fundamental que México empiece a procesar y castigar a los responsables de desapariciones forzadas, para poner fin a la impunidad estructural que opera en el Estado parte”, dijo Hélène Tigroudja, miembro del Comité de Derechos Humanos.

La Misión de la ONU en Afganistán expresó su indignación por el ataque talibán ocurrido este miércoles en Kabul y que ha causado decenas de víctimas civiles.

Según informes de prensa, al menos 95 personas, entre ellas mujeres y niños, resultaron heridas tras la explosión de un coche bomba que tenía como objetivo el cuartel general de la policía en Kabul. El ataque ocurrió tras de que los talibanes llamaran al boicot de las próximas elecciones presidenciales y amenazaran con atacar los actos electorales.

La Misión expresó su preocupación ante tales amenazas y aseguró que todos los ciudadanos, ya sean votantes, candidatos o personal relacionado con las elecciones, tienen derecho a estar libres de miedo, intimidación y violencia en todas las etapas de un proceso electoral.

“Las Naciones Unidas instan a los talibanes a respetar y proteger a los civiles y a no amenazarlos ni llevar a cabo actos de violencia si se comprometen con su derecho constitucional a participar en las elecciones”, expresó la Misión.

El enviado especial para Yemen, Martin Griffiths, expresó su alarma ante la escalada militar en Adén este miércoles que ha llevado los enfrentamientos hasta cerca del palacio presidencial.

Según despachos de prensa, los separatistas se enfrentaron con los guardias presidenciales en la sede del Gobierno de Yemen, una persona fue asesinada y hubo dos heridos graves.

Griffiths aseguró que también está profundamente preocupado por la retórica reciente que invita a atacar las instituciones yemenitas.

“Un aumento de la violencia contribuirá a la inestabilidad y el sufrimiento en Adén y profundizará las divisiones políticas y sociales”, dijo en un comunicado.

El enviado pidió a las partes involucradas que abandonen la violencia y entablen un diálogo para resolver las diferencias. También instó a todos los que tienen influencia a que disminuyan la situación y garanticen la protección de los civiles.

Zimbabwe está experimentando su peor crisis de hambre y la seguridad alimentaria ha alcanzado un pico que requiere asistencia urgente adicional, ha informado el Programa Mundial de Alimentos.

Más de un tercio de la población rural, alrededor de 3,6 millones de personas, tendrá dificultades para alimentarse en octubre y en enero se espera que esa cifra aumente hasta 5,5 millones durante la temporada entre cosechas. La mayoría de los 60 distritos de Zimbabwe agotarán sus existencias de maíz en octubre. Esto representa el 60% de la población rural.

El PMA está proporcionando asistencia alimentaria a 700.000 personas en agosto, y cuando disminuyan las existencias de cultivos, la extenderá a 1,7 millones de personas entre octubre y diciembre y dos millones entre enero y abril, pero solo si los fondos lo permiten.

“Necesitamos 173 millones de dólares para implementar este plan en los próximos 9 meses. La comunidad internacional debe reaccionar y hacer que estos fondos estén disponibles rápidamente”, aseguró el Programa en un comunicado.